Por negligencia municipal se pierden los espacios públicos.
El retiro de los comerciantes de Caquetá sigue pendiente después de 50 años. Ate, La Victoria, El Cercado y Villa El Salvador entre otros distritos aquí en Lima sistemáticamente han perdido vías importantes para el sistema vial.
La guía de calles de Lima no lo advierte, pero hay espacios públicos de la ciudad tomados o cedidos en uso temporalmente por incompetentes decisiones municipales que, de tantos años de permanencia en esta condición, la memoria colectiva ya los da por perdidos. No podría decirse que son lunares en la urbe, sino huellas de un brote alérgico presentes en todo el paisaje de una capital sobre poblada.
Mercados y paraditas incontables están invadiendo las veredas y avenidas principales de los distritos de Lima. Los caóticos Caquetá (San Martín de Porres), Ceres (Ate-Vitarte), Huamanga (La Victoria) y Juan Velasco Alvarado (Villa El Salvador) son parte de la lista de los casos más visibles.
El inicio de su formación es similar: Un grupo de comerciantes obtuvo un ilegal permiso transitorio de la municipalidad para el uso de la vía pública. Luego, aprovechó esa deficiencia en el entendimiento de lo que es la función pública para invadir más espacios y prolongar su ocupación del lugar hasta utilizar la fuerza. Esa suele ser la estrategia de la geopolítica de la informalidad.
En el caso del mercado de Caquetá, ha pasado medio siglo de ocupación del espacio público que empezó con un ilegal permiso municipal. Existen ordenanzas de 1999, 2003 y 2004 que disponen el retiro de los comerciantes, pero ya nada parece removerlos. Han construido puestos de venta de cemento en una decena de calles.
Mientras que la reubicación de los comerciantes de Ceres, quienes ocupan la prolongación de la avenida Javier Prado, en ambos lados de la Carretera Central, sigue pendiente desde 1987. La falta de voluntad política para hacer cumplir lo planificado y ese mal nacional del dejar hacer, dejar pasar han hecho que el espacio público se vaya perdiendo y tenga un aprovechamiento privado.
La condescendencia municipal ha contribuido a que Lima cobre la reputación de ciudad indisciplinada, donde no se puede garantizar el ordenamiento urbano. Muchas veces han sido los propios alcaldes los que han lotizado la vía pública para lucrar u obtener apoyo político.
En 1996, la Municipalidad de San Juan de Miraflores creó el Campo Ferial Señor de los Milagros sobre unos 6.400 metros cuadrados de la berma central de la entonces avenida Defensores de Lima (hoy Rosa Lozano) para localizar a los ambulantes hasta buscar un terreno adecuado.
La decisión municipal actuó como un imán. Al año siguiente, fue necesario ampliar el área del campo ferial hasta en cuatro oportunidades, con un total de más de 9.500 metros cuadrados adicionales. En los años posteriores, ya no han sido necesarias más decisiones municipales al respecto, pues el campo ferial ha ido creciendo solo. Lo único que lo detuvo fue el límite de Villa María del Triunfo, donde la berma central cumple su finalidad: es un área verde.
LEGITIMIDAD VERSUS LEGALIDAD.
La ocupación de espacios públicos a través de procesos informales progresivos, como el de los mercados ambulantes que se aglomeran poco a poco o inmediatos como las invasiones planificadas de terrenos para fines habitacionales, evidencia varios fenómenos: una fuerte demanda de suelo urbano insatisfecha y una combinación típica de especulación - permisividad - legitimidad versus legalidad.No niego que los pobladores tienen necesidades que resolver, sin embargo, existen derechos de la comunidad y derechos cívicos e intergeneracionales y que los futuros habitantes de la ciudad tienen que recibir un espacio urbano con potencial de desarrollo, saludable y que permita mejor calidad de vida. Los vecinos que perdieron el parque Cánepa, en La Victoria, para dar paso a un centro comercial y una cadena de restaurantes saben de la invaluable pérdida de un espacio vital, aunque la municipalidad cobre más rentas, con un medio ambiente insalubre y en condiciones de calcutización al interior de los locales comerciales, frente a lo cual ningún organismo técnico se pronuncia ni interviene. ¿Que hace la ciudad? Espera a que la próxima tragedia ocurra para que entonces empiecen recién ha echarse la culpa todos quienes tienen responsabilidad directa en el control del desarrollo urbano de la ciudad.
RESPUESTAS INCONCLUSAS.
Se ha descubierto que la calle es la alternativa de autoempleo para un gran sector de la población y las municipalidades dan concesiones temporales para que se use, aparentemente creyendo que han comprendido una necesidad, pero su respuesta como autoridad se queda inconclusa, es enseñanza deformante dada por quien debe ser la guía para el urbanismo y la practica de las buenas costumbres cívicas y se convierte en generadora de otros problemas de mayor trascendencia.
No debemos olvidar que el surgimiento de los campos feriales fue como salida transitoria al comercio ambulatorio del Centro Histórico de Lima. Sin embargo, el campo ferial Amazonas ocupa un espacio que ha bloqueado la ejecución de obras importantes para la ciudad. Esa es la solución facilista que es típica del actuar en la ciudad. Siempre lo mas fácil y lo que demanda menos esfuerzo. Tal es el caso por ejemplo de la salida para autorizar los micros y las combis. La salida más fácil, “imaginativa” recuerdo que algunos entendidos así la calificaron, y solo esa medida populista convirtió a Lima en el infierno de caos de tráfico que es hoy día. Los administradores de ese entonces simplemente se lavaron las manos y nunca más se acordaron de la desgracia que cometieron. Esa zona era parte de la ruta del anillo interno de Lima, contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano de los 80.
Otro caso para recordar y que se quedó inconcluso se dio en 1994 con los comerciantes informales de flores, quienes invadían las calles aledañas al Estadio Nacional. Ellos fueron alojados temporalmente en tres distintas zonas: Barranco (al final de la Vía Expresa), al pie del puente Santa Rosa (Rímac) y a pocos metros del Intercambio Vial Este (Santa Anita). Doce años más tarde siguen allí y la búsqueda de un espacio más adecuado cayó en el olvido.
Si bien las autoridades municipales reconocen que estos espacios deben ser recuperados, la discusión se encuentra en el método, en cómo hacerlo sin generar mayores conflictos. En muchos casos, se superponen los intereses políticos a los intereses de la ciudad y entonces nos encontramos con que los espacios invadidos se consolidan y forman parte de la legalidad urbana.
Frente a estos se requiere definir alternativas técnica y políticamente sostenibles y luego iniciar un proceso de negociación trisectorial (gobierno local, sociedad civil y sector empresarial) de manera que las decisiones de recuperación de espacios sean consensuadas y concertadas.
Claves para una intervención.
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente señala que las calles, parques, plazas, paseos, áreas de conservación y protección, playas, ríos y lagos, así como otras áreas de uso público tienen el carácter de intangibles. Los municipios no deben permitir su uso para fines diferentes a los que su carácter de bien público impone. Sin embargo la tendencia observada es que esto es letra muerta, peor aún nadie se ocupa de esto y tanto la población como la empresa privada cuando le conviene, hacen uso de éstos espacios en forma indiscriminada y a vista y paciencia de todo el mundo.
Poco a poco se ha perdido la noción de que las municipalidades deben de hacer Control Urbano. Esto deviene de una clara consciencia cívica que día a día se ha perdido y ya nadie entiende que quiere decir. Ahí tenemos lo que paso en el incendio de mesa redonda por falta de Control Urbano, peor aún en el caso del Jockey Plaza, típica tragedia por ineficiencia municipal, que ha sido disfrazada.
Fuentes:
- Sociedad de Urbanistas del Perú
- Diario El Comercio (15/05/06)
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